El Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (INADI) emitió un dictamen que señala que los músicos que tocan en vivo son discriminados en la Ciudad de Buenos Aires. El organismo nacional tomo posición después de analizar una denuncia presentada por la Unión de Músicos Independientes (UMI), en abril de 2007.
La UMI había decidido presentarse ante el INADI después de que los músicos que la integran comenzaran a tener problemas para encontrar lugares donde tocar en la Ciudad. “Después de Cromañón, donde murieron 194 personas, se intensificaron los controles en los lugares para tocar. Lo que al principio parecieron medidas precautorios para poner en orden todo aquello que no estaba, bajo el gobierno de Jorge Telerman terminó por convertirse en una sobreactuación de los funcionarios que terminaron agarrándosela con los músicos”, explica Diego Boris, presidente de UMI y agrega: “El enseñamiento tuvo lugar por una cuestión política: había un Jefe de Gobierno destituido y el sucesor quiso hacer creerle a la sociedad que hacía las cosas bien. Nosotros no cuestionamos las políticas culturales de los gobiernos de turno, que se supone los votaron para que las lleven a cabo. Pero sí nos metemos cuando los gobiernos anulan las herramientas que tiene la sociedad para hacer cultura popular”.
Los músicos independientes denunciaron que los locales donde tocaban terminaban siendo clausurados porque carecían de máquinas expendedoras de preservativos o por carecer de agua lo suficientemente caliente. “Lo peligroso pasó a ser la actividad en sí y no las condiciones en que se llevaba a cabo”, sentencia Boris.
A partir de esa situación, UMI marcó tres líneas de acción. Por un lado creó la red-UMI, en la que un grupo de músicos se propuso encontrar lugares alternativos para tocar en vivo. Otra iniciativa, en tanto, consistió en presentar una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia, organismo que terminó por declarar inconstitucional varias disposiciones que regulaban la actividad. “La normativa es tan compleja –advierte Boris- que por las mismas razones que te habilitaban, un fiscal podía clausurarte. Entre las cosas que te exigían, por ejemplo, era que un local tenga todo un año por adelantado prevista su programación, ¿qué tiene que ver eso con la seguridad?”. Ese fallo, además, obliga a la Ciudad a reformular el Código de Habilitaciones y en ese trabajo UMI se involucró de manera directa.
La tercera vía de acción fue la presentación en el INADI. “Considerábamos que era apropiado, porque si un mimo, un actor o un artista plástico quiere realizar una presentación en un bar o un café no le exigen nada de lo que nos exigen a los músicos. A nosotros nos piden una habilitación especial aunque vaya un tipo a cantar con una guitarra criolla”, se queja Boris.
Boris señala que la sobreactuación ejercida por el gobierno porteño después de Cromañón benefició la concentración del negocio. “Si querían proteger a los pibes, hicieron todo lo contrario. Como terminaron cerrando los pequeños lugares, terminaban tocando en casas tomadas, garages, lugares con peores condiciones de seguridad que las que tenían antes. Se terminaron beneficiando los más poderosos”.
“Se instaló la idea de que la música en sí misma era un elemento peligroso para la sociedad. Se privilegió un celo excesivo para la seguridad sobre el libre ejercicio de la actividad. Debería haber primado un punto de equilibrio. Cromañón nos hizo reconsiderar en el ambiente un montón de conductas que parecían pintorescas, nosotros aprendimos rápidamente la lección. El Ejecutivo, en cambio, no la aprendió. Si vos vas a algunos lugares que aparecen habilitados y ves las condiciones que tienen no sabés –o sí sabés- por qué están funcionando”.publicada 23/03/2008
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